Odioso impuesto arrocero.

Es una buena noticia que los diputados, como lo dio a conocer un reciente reportaje de La Nación, tomaran la decisión de reformar la Ley de Conarroz para eliminar el impuesto arrocero y los privilegios que se crearon para un grupo muy pequeño en perjuicio de los más pobres. De los escasos ingresos de miles de familias, salen en la actualidad de sus bolsillos millones de colones para financiar Conarroz. Esto lo confirma el informe más reciente del Banco Mundial elaborado por el especialista Diego Petrecolla, quien descubrió que a lo largo de un periodo de 10 años la transferencia estimada de dinero de los consumidores a los arroceros alcanzó la suma de “UD$396,4 millones, cerca de ¢132.358,6 millones”. Por lo tanto, sostiene el investigador, “el impacto de esa transferencia es socialmente regresivo, porque el gasto per capita mensual en arroz representa: entre el 7 % y el 8 % del ingreso per capita de las personas que residen en los hogares más pobres (1º quintil) y, entre 0,4 y 0,6 del ingreso de las personas que habitan en los más ricos (5º quintil).” El enriquecer a los arroceros a costa de los pobres y los consumidores es una violación a la Constitución Política y a los derechos humanos fundamentales. Hoy los diputados miembros de la Comisión de Asuntos Agropecuarios tienen la oportunidad de rectificar y eliminar: beneficios indebidos, un monopolio encubierto que genera distorsiones a la economía, afecta los precios, paga ineficiencia, controla abusivamente las importaciones e incide en forma negativa en la pobreza y revela la falta de solidaridad de algunos grupos.