Como muchos otros proyectos de ley se
vistieron con piel de oveja para esconder dentro de su articulado una
nueva amenaza para la libertad de prensa, la libertad de
investigación y denuncia.
No se si será la primera vez en la
historia del derecho costarricense, pero esta es la primera vez que
escucho hablar en un sistema democrático de “informaciones
secretas políticas”.
Para quienes defendemos la libertad
absoluta de los medios para investigar y denunciar, una reforma como
esa no puede menos que generar sospechas y más si le sumamos el tipo
de sanción que se propone para quienes cometan “espionaje
político”.
En menos de dos líneas los proponentes
y redactores del proyecto ingresan en una profunda contradicción
jurídica, pues la tipificación desaparece burdamente, pues no
serían sancionados quienes obtengan en forma “oficial” la
información “secreta”.
La sanción por transgredir el nuevo
ordenamiento “totalitario” sería prisión de 5 a 10 años por
“revelar secretos políticos” se impondría también a quienes
revelaran secretos policiales.
Sin querer exagerar, resulta altamente
sospechoso que esa iniciativa quiera imponer cárcel a los
periodistas y sus representantes por difundir “secretos” sobre la
defensa nacional o las relaciones diplomáticas.
Ya queda advertida la prensa de que con
esta norma solo unos cuantos meses atrás no se hubiera podido
obtener información sobre las irregularidades de la “trocha” y
otros tantos asuntos que han salido a la luz pública.
Lamentablemente no es la única
regulación dañina. La otra es simplemente deplorable, pues su
aplicación hace unos años atrás hubiese impedido a la prensa a dar
a conocer “el memorando del miedo”.
Otra de las reformas planteadas
simplemente remiten a tesis “fundamentalistas” moralistas y
hasta publicar fotografías comprometedoras que estén en la web no
se podrán difundir por la prensa, sin previa autorización de sus
titulares. Es decir, tipifica en forma subjetiva “la intimidad y
privacidad” en contra del interés público.
Con esto quiero poner en alertar y no
alarmar ni decir que todo el proyecto está mal. Opiniones vendrán y
sobrarán justificando la reforma o abogando por regular a la prensa.
Sin embargo, serán los periodistas quienes tendrán que pagar las
consecuencias y, al final, será la libertad de todos la que estará
en peligro.